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 Informamos que desde el 31 de Octubre de 2011 es de aplicación a los Procesos de Desahucio la reforma introducida por la Ley 37/2011, de 19 de octubre, de medidas de agilización procesal, que constituye una reforma del proceso de desahucio que establecía la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y eficiencia energética de los edificios, publicada en el BOE 24 de noviembre de 2009. 

La nueva Ley se constituye como una importante novedad legislativa que aporta una mayor seguridad a las partes que conforman el contrato de arrendamiento. Algunas de estas novedades están dirigidas a suplir las deficiencias que evidenciaba la anterior legislación, que dió  confianza al arrendador afectado por el impago de las rentas a las que debe hacer frente el arrendatario. Por consiguiente se mostraba disconforme con las medidas protectoras que amparaban sus intereses.

Ahora, se trata de otorgar una mayor protección al arrendador de la vivienda, deduciéndose unas condiciones más estrictas para el inquilino, sin perjuicio de la protección de derechos y garantías que amparan a este conforme a la legislación vigente. Por un lado, se advierten medidas legales en aras de aligerar el cobro de las liquidaciones pendientes que un contrato de arrendamiento pudiera generar (generalmente rentas y recibos). Por otro, la supresión de diligencias que tenían como consecuencia la dilación de estos procesos.

De los preceptos legislativos relacionados con la materia, pueden ser de especial interés los siguientes:

Se da la posibilidad de proceder al desalojo de la vivienda sin necesidad de celebrar juicio, siempre y cuando el arrendatario permanezca en actitud pasiva tras la notificación de la demanda, o rehúse recibirla.. Se presentará una demanda de desahucio, el Secretario Judicial dicta decreto admitiendo la demanda y señalando día y hora para el juicio, así como para el lanzamiento del desahucio. 

A partir de aquí, el arrendatario dispondrá de  10 días hábiles para satisfacer la deuda con el arrendador, alegar por escrito al juzgado que corresponda los argumentos por los que no adeuda la cantidad reclamada o,  desalojar el inmueble de manera voluntaria. Este trámite, será sin perjuicio de que se trate de un caso de impago de renta, de expiración contractual o por una dedicación del inmueble distinta a la establecida en el contrato e inconsentida por el arrendador.

Si el arrendatario no diera cumplimiento a ninguna de estas opciones, el propio Secretario Judicial (sin ser necesaria la celebración del juicio de desahucio) pronunciará resolución en forma de decreto dando por terminado el proceso, transmitiendo a la parte que insta el desahucio para que requiera la ejecución. Se procede entonces al "inmediato lanzamiento". Así se suprime la celebración de una vista de juicio innecesaria.e